La vieja polítiKa

 

Fernando Herrera (INFOSUR)

Cuando la estética del kirchnerismo se agota: petróleo reprivatizado, latinoamericanismo con cianuro y derechos humanos al servicio del endeudamiento.

La crisis de 2001 evidenció la ruina moral de la dirigencia política argentina tradicional. El desplome de nuestro país era el corolario de un largo proceso de saqueo neocolonial implantado a sangre y fuego por la dictadura, sostenido en los ochenta por la UCR y rematado en los noventa por el PJ y la Alianza. En ese entonces, el “que se vayan todos”, articulado por una sociedad ética y materialmente inerme, no hallaba sustento político con vocación de poder. En paralelo, el bipartidismo, agazapado, sabía que para no perecer debía barnizar su pudrición, maquillarse. Efectivamente, el colapso de la Argentina obligaba a los partidos tradicionales a reciclar organizaciones y dirigentes a todas luces responsables de la hecatombe de nuestro país: de ningún otro modo que bajo nuevos ropajes, estética y discurso podía garantizarse la continuidad del modelo.

La emergencia del kirchnerismo como presunto adalid de la “nueva política” se enmarca en ese contexto. Su novedosa fachada hará posible el reciclamiento y por ende un nuevo avance de lo peor de la política argentina. Si bien la normalización del país vino de la mano de Duhalde y Lavagna, verdaderos padres del “modelo” actual, lo cierto es que en 2003 el sistema político tradicional aún no había logrado legitimarse plenamente. Con ese objetivo, la prédica kirchnerista buscará desmarcarse del pasado, erigirse como la antítesis de la tan repudiada “vieja política”. Así, su rechazo a la dirigencia tradicional hará hincapié en: una fuerte crítica de los años 90; una mirada geopolítica que privilegia la integración latinoamericana; el crecimiento “a tasas chinas”; la creación de empleo (natural tras la devaluación); y la promoción de los derechos humanos frente a los crímenes de la dictadura, entre otras cuestiones. Argumentos atendibles que, vistos en profundidad, aparecen atravesados por serios interrogantes.

Si analizamos su crítica del menemato, veremos con claridad el doble discurso del kirchnerismo: en materia de bienes naturales y recursos estratégicos no sólo ha seguido a pie juntillas las políticas antinacionales de Menem sino que incluso las ha agravado. Baste señalar que, en 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner dio el visto bueno para la reprivatización de todos los recursos del subsuelo argentino: Cerro Dragón (25 % de reservas), como ejemplo paradigmático, se reprivatizó diez años antes del fin de los contratos y hasta su extinción en 2047. Lo mismo ocurre con la minería: el código de los 90 sigue intacto, poniéndose en peligro incluso nuestra soberanía territorial. Ante ello nos preguntamos, ¿se puede ser latinoamericanista, estar asociado a la predadora Barrick Gold y entregar a las transnacionales el petróleo, el gas y los metales de nuestro pueblo sin control público y a mera declaración jurada?

Junto con la el saqueo neocolonial de nuestros recursos, la reprimarización extractivista de la economía y la subordinación al pago de la deuda externa consolidan un perfil productivo agro-minero-exportador consustancial con la dependencia; hablamos de un modelo que nos conmina a ser “la Potosí del siglo XXI”, como ha señalado el diputado y referente nacional de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas. Mientras tanto, desde la TV pública (sic.) los comunicadores del gobierno festejan el “récord de ventas de autos usados”. Descartando un plan estratégico tendiente al crecimiento cualitativo de nuestra sociedad (captura de rentas extraordinarias, petrolera estatal, ferrocarriles, seguro de empleo y formación, flota mercante, energías renovables, diversificación agrícola-ganadera, industrias base y de avanzada), el kirchnerismo nos conduce, como se ha demostrado en sus siete años de gobierno, a la vivencia cotidiana del absurdo social.

Lo indudable es que el modelo actual nos condena a se una mera factoría de materias primas, y con destino incierto: se trata de recursos no renovables cuya explotación masiva no garantiza progreso estratégico, además de dañar la biosfera de manera irreversible. Es preciso comprender la catástrofe que supone tal modelo: como se ha demostrado en la última década, sus límites invalidan una ruptura económico-material y simbólico-cultural para nuestro país, en donde el 75 % de los jóvenes entre 18 y 29 años está desempleado o trabaja en negro. Pero, ¿no era kirchnerista la juventud argentina? La riqueza acumulada, además de estar muy mal distribuida, es más que insuficiente de cara a una multiplicación exponencial de recursos por parte del Estado y la sociedad civil, cuestión imprescindible para promover la emancipación de los sectores excluidos en el marco de una revolución cultural, moral, educativa para el conjunto de la Nación.

Al tiempo que desde Página/12 los Laclau, González, Feinmann y Forster critican con humo progresista los “poderes concentrados”, hacen mitología del fallecido ex presidente y ocultan los poderes fácticos que lo sostienen, el gobierno de CFK sigue profundizando el célebre “decálogo menemista”: las petroleras, las mineras, los bancos y las grandes exportadoras de granos son sus aliados insignes, con grandes subsidios y exenciones impositivas. ¿La política de transporte? Menemismo puro: recordemos la adquisición millonaria de locomotoras y vagones chatarra a España y Portugal por el malogrado Ricardo Jaime, el celebérrimo tren bala o la intención de comprar material ferroviario a China por la escandalosa suma de 10 mil millones de dólares (negocio en el que al grupo Macri le tocarán en gracia 400 millones). Mientras no se construye un solo barco para transportar nuestra producción, el kirchnerismo celebra el estéril crecimiento de la industria automotriz y se niega a reponer los aportes patronales de las grades corporaciones –eliminados por Cavallo- para financiar el 82 % móvil.

En la misma línea la presidenta ha “jurado” pagar la deuda externa hasta el último dólar, pero… ¿se puede defender los derechos humanos y “honrar” deuda contraída por la dictadura, en gran parte ilegalmente estatizada, mientras en nuestro país hay más de 15 millones pobres del cual un tercio son indigentes? ¿Es compatible el interés nacional con reabrir el canje para pagar deuda con causas judiciales en curso y en un contexto de quiebra del sistema financiero internacional? El esperpento de contratar al Barclays Bank (accionista de la Desire Petrolium, que explora Malvinas) para gestionar la reapertura del canje sólo puede tener una explicación: negocios. Si nuestra sociedad sufre hambre, pobreza, indigencia, desnutrición, mortalidad infantil, mal de chagas, falta de vivienda, de agua potable, de cloacas, un sistema de salud paupérrimo, etc., no cabe sino afirmar que el pago de la deuda externa, su no investigación, es un crimen que atenta de manera directa contra los derechos humanos de todos los habitantes de nuestro país.

Cualquier radiografía ética de la política como ejercicio delegado del poder está en su capacidad para mejorar la vida cotidiana del pueblo, promoviendo la participación activa y crítica de la sociedad civil como fiscal de las instituciones. Hoy nada de eso ocurre: la pobreza está muy lejos de haber sido reparada en sentido estructural, y el poder no ha cambiado de manos, sino que sigue secuestrado por un sistema político corporativo cuyo único precepto es hacer negocios con el patrimonio público y desterrar a la sociedad de todo protagonismo. En materia cultural, nuestro país debe de estar pasando uno de los peores momentos de su historia, enclavado en el marasmo de la dependencia y la obscenidad más absolutas. Cerrando el círculo tengamos en cuenta, como ha destacado la diputada Alcira Argumedo, los verdaderos factores de poder ocultos tras la fachada “progre” del gobierno CFK: el PJ, el antiguo régimen de los barones del conurbano, los gobernadores ex menemistas y los grupos empresarios K (con el grupo Macri a la cabeza). ¿Progresismo? En absoluto: la vieja política.

Tomado de Argenpress.info

 

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